México encara inéditos litigios en el sector energético tras un polémico acuerdo ejecutivo que limita proyectos de energías renovables, eólicas y solares, entre protestas de gobiernos e inversionistas de Norteamérica y Europa, explicaron especialistas en derecho energético consultados.
El conflicto comenzó el 29 de abril pasado cuando el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) emitió un ‘acuerdo de emergencia’, que “impide por un plazo indefinido la entrada en operación de nuevas plantas de energía renovable, y limita la generación de centrales de operación fotovoltaica y eólica”, dijo a Sputnik el abogado Darío Lamanna, posgraduado en derecho energético internacional.
La secretaría federal de Energía (SENER) presentó después un proyecto de acuerdo sobre la confiabilidad del sistema eléctrico, que “incorpora las peticiones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE, estatal), limitando el campo de acción de las generadoras de energía renovables, sin entrar a considerar el estado de las redes de distribución y transporte”, prosigue el jurista.
El asesor de empresas del sector energético en Latinoamérica advierte que este acuerdo gubernamental debió pasar por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, “cumpliendo con el periodo de escrutinio público donde las partes interesadas podrán expresar sus opiniones y sugerencias de mejoras”.
Sin embargo, las empresas argumentan que ese procedimiento se incumplió, afectando a 28 proyectos solares y eólicos listos para operar, y otros 16 en construcción, con una inversión total de 6,400 millones de dólares, la mayoría extranjera.
Ante una reducción de la demanda de energía causada por la pandemia de COVID-19, desde el 3 de mayo pasado, el Cenace ordenó suspender las pruebas operativas preliminares de las centrales eólicas y fotovoltaicas, y les prohibió conectarse con el sistema eléctrico.
Por Víctor Flores García