La renuncia del procurador general de México esta semana y los desacuerdos sobre una reforma constitucional para crear una nueva Fiscalía federal dejó atrapada a la justicia de este país en el pantano de las campañas políticas, hacia las elecciones de 2018, dijeron a analistas.
“El acuerdo para una nueva Fiscalía autónoma, independiente del poder Ejecutivo, fue parte de una negociación del oficialismo y la oposición a cambio de los votos en el Congreso para una reforma electoral el año 2013, promulgada en 2014”, al inicio del mandato del presidente de México Enrique Peña Nieto, dijo Edgar Cortez, director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD).
“Se pospondrá también la legislación sobre la nueva Fiscalía para combatir el crimen y la corrupción, por lo tanto es relegada la discusión del primer fiscal que no surja de una terna propuesta al Senado por el poder Ejecutivo”, anticipó Cortez.
Trascurrieron tres años desde ese acuerdo entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) del presidente y la principal fuerza opositora, el Partido Acción Nacional (PAN), hasta que —hace un año— Cervantes fue nombrado procurador general.
Al igual que sus antecesores —Jesús Murillo y Arely Gómez—, la gestión del tercer procurador del mandato de Peña Nieto estuvo marcada por el caso sin resolver de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa, Guerrero, desde septiembre de 2014.
“La primera disputa en el Congreso y la sociedad estalló porque la reforma de 2013 establece que la misma persona que sea procurador asumirá el cargo de fiscal, en el momento que se cree la nueva Fiscalía independiente del Ejecutivo”, reseñó el experto.
La responsabilidad del procurador la componen además resolver escándalos de corrupción e impunidad de más de 98%, según defensores de derechos humanos, las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH).
“La nueva Fiscalía nació empantanada porque no se fijó un plazo para su creación, sino que los partidos acordaron la condición de reformar el artículo 102 de la Constitución y crear una ley reglamentaria de la nueva Fiscalía”, señala el director del IMDHyD.
Así se entiende que Peña Nieto no tenga urgencia de un nuevo procurador —Cervantes fue reemplazado por un interino— una facultad que sigue teniendo: enviar una terna de candidatos para que el Senado decida.
Tampoco tiene prisa el principal aspirante opositor a la presidencia, el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, quien dijo en un discurso que “sería muy incómodo que desde ahora se eligiera por 10 años al próximo fiscal general”.
El analista señala que la reforma constitucional postergada “definiría los delitos que debe perseguir un fiscal independiente, que ya existe en casi todos los países latinoamericanos”.
En un régimen presidencialista instaurado al triunfo de la Revolución mexicana de 1910 “una Fiscalía independiente ha sido una vieja demanda del movimiento defensor de los derechos humanos”, reseña Cortez, exsacerdote jesuita con más de 30 años de activismo social.
Hace dos décadas, la primera misión de la CIDH a México hizo una recomendación central en el año 1996: la creación de una Fiscalía independiente del presidente.
“La urgencia de discutir el tema es absurda, sin una reforma constitucional que requiere dos tercios del Congreso”, puntualizó el directivo del organismo independiente.
Un nuevo procurador nombrado para el último año de Peña Nieto deberá encargarse de castigar a políticos corruptos, los sobornos de la constructora Odebrecht en México, y la impunidad de crimen que ha costado decenas de miles de vidas y desaparecidos.
El director jurídico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Ricardo Corona, comenta que el debate sobre “una Fiscalía independiente es formalmente inexistente, queda pendiente por la politización del tema”.
Acepta que, en un mapa político tan fragmentado como el mexicano, solo se formará una mayoría de dos tercios del poder Legislativo para la reforma si el caso ofrece ventajas políticas de cara a 2018.
Por esas razón, explica, el tema está al tope de la agenda mediática “por la evidente disfuncionalidad de la actual procuraduría general”.
Una Fiscalía independiente “será un actor principal en el marco del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, un componente inusual resultado de una iniciativa robusta de la sociedad civil”, creado en mayo de 2015.
Sin embargo, “está supeditada al contexto político, por eso lo queremos ventilar con la gente que es afectada por la impunidad”.
La urgencia radica en que “todos los días hay un nuevo escándalo de corrupción en el país, que no debería estar dependiendo del viento electoral del año próximo”.
Lamentablemente, admite “el mensaje de las fuerzas políticas a la sociedad es que no existe voluntad política” y la explicación reside en que “al final, buscan evadir las consecuencias que pude tener para los actores políticos una nueva justicia independiente, por eso soslayan el tema”.
En tanto, el reloj político está en marcha para elegir en julio de 2018 nuevos presidente, Congreso y un tercio de los gobernadores del país.